El anexo de la resolución detalla las normativas derogadas, las cuales abarcan una amplia gama de disposiciones emitidas por diferentes ministerios y dependencias a lo largo de los años. Según menciona el texto oficial, en busca de un mercado más libre y transparante.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, adoptó una medida «clave» para reformar el marco regulatorio vigente en el país. Lo hizo a través de la Resolución 1212/2024 publicada en el Boletín Oficial.
De esta manera, el ministro de Economía derogó 43 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria. Esta normativa tiene como objetivo «modernizar las políticas públicas vinculadas al comercio interno, reduciendo la burocracia y eliminando obstáculos que han generado ineficiencia y costos innecesarios para productores y consumidores», indica el texto oficial.
Asimismo, destaca que la resolución, fundamentada en el expediente EX-2024-120081396-APN-DGDMDP#MEC, se alinea con el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742, «que establecen las bases para una economía más dinámica y libre».
En este marco, se identificaron regulaciones relacionadas con controles de precios, abastecimiento y requerimientos administrativos que «no han cumplido con los objetivos para los que fueron creadas, derivando en un gasto excesivo de recursos públicos y aumentando los costos de transacción en las cadenas productivas».
El detalle de la norma
Según la normativa, las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
Se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno.
Estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia. Entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por u$s5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.
Chau Precios Cuidados y el SIPRE
«En la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros.
Por último, recuerda que la eliminación de estas disposiciones refuerza el objetivo del Ministerio de «avanzar hacia un mercado más transparente, menos burocrático y competitivo, simplificando los procesos productivos y reduciendo los costos para los consumidores». La resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Las normas derogadas
Las normas listadas abarcan una variedad de regulaciones que impactaban «precios, burocracia y programas inactivos o en desuso». Estas medidas se clasifican en los siguientes grupos principales:
Regulación de precios y control de mercados
Estas normas imponían precios máximos y controles que limitaban la libre competencia:
Carne vacuna: Resoluciones 1/2006 y 38/2008 fijaban precios para toda la cadena.
Lácteos: Resolución 26/2007 obligaba a industrias lácteas a acordar precios con el Gobierno.
Papel para diario: Resolución 1/2010 establecía precios igualitarios.
Televisión paga: Resolución 50/2010 regulaba tarifas con fórmulas estatales.
Programas como Super Cerca (Resolución 991/2021) y Precios Justos (Resoluciones 823/2022 y 1077/2022) buscaban contener precios, pero fueron considerados distorsionadores del mercado.
Otros controles de precios abarcaban productos específicos, como compensaciones en papa (Resolución 155/2007) y leche (Resolución 170/2008).
Programas y medidas obsoletas
Numerosos programas quedaron en desuso o sin operatividad práctica:
Mercado en tu Barrio: Resoluciones 1/2016 y 32/2021, que buscaban acercar alimentos a precios accesibles, ya no están vigentes.
Plan Productivo Verde: Resolución 352/2021, un programa para impulsar prácticas sustentables, se desactivó.
Programas de compensaciones para pequeños productores agrícolas (Resoluciones 126/2015, 175/2015 y 615/2015) y tamberos (Resolución 684/2014) quedaron sin aplicación.
Iniciativas vinculadas al sector aceitero, como el Programa de Fomento al Sector Aceitero (Resoluciones 30/2023 y 804/2023), también fueron eliminadas.
Burocracia en homologación y requisitos técnicos
Neumáticos: Resolución 25/2007 imponía requisitos adicionales y redundantes que aumentaban costos y tiempos en el mercado. Su eliminación simplifica el proceso de homologación.
Burocracia en homologación y requisitos técnicos
Neumáticos: Resolución 25/2007 imponía requisitos adicionales y redundantes que aumentaban costos y tiempos en el mercado. Su eliminación simplifica el proceso de homologación.
Exigencias informativas sin utilidad concreta
Instituciones educativas privadas: Resoluciones 300/2009 y 312/2010 exigían información detallada sobre costos laborales y aranceles, pero no se usaban con fines específicos.
Cámaras empresarias: Resolución 813/2021 creó un observatorio para analizar datos, que no se tradujo en medidas útiles.
Áreas técnicas desactivadas
Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE): Resoluciones 487/2020 y 9/2022 regulaban esta estructura, que ya no opera.
Unidad Ejecutora Argentina Productiva 2030: Resolución 236/2022, sin actividad actual.
Otros organismos y manuales relacionados también fueron eliminados por ser ineficientes.
Otros programas y normativas sin vigencia
Programa Agropymes Sustentables (Resolución 142/2021) y otros incentivos productivos quedaron obsoletos.
Programas de promoción del mercado, como la red de mercados concentradores nacionales (Resolución 63/2011), se desarticularon al quedar sin sentido práctico.
