El Ministerio de Seguridad y Justicia resolvió disponer el otorgamiento obligatorio de las licencias anuales ordinarias para todo el personal de la Policía de Entre Ríos, correspondientes al año 2025, a través de la resolución N° 255.
La medida se enmarca en la normativa vigente y apunta a resguardar el derecho al descanso del personal policial, sin comprometer el normal funcionamiento del servicio.
La Ley Nº 5654, que regula el Régimen del Personal Policial de Entre Ríos, establece en su artículo 105º que el personal tiene derecho a la licencia anual ordinaria una vez alcanzada la estabilidad en el cargo. Estas licencias, cumplen una función esencial en la recuperación psicofísica del agente tras un año de tareas exigentes.
En este sentido, desde la Asesoría Legal se remarcó que el descanso constituye un derecho de carácter subjetivo, pero reglamentado por normas legales que priorizan la continuidad del servicio. Las licencias serán planificadas a los efectos de cumplir con este servicio esencial de manera normal.
La resolución firmada establece que será la propia Policía de Entre Ríos la encargada de elaborar el cronograma de licencias, que deberá organizarse de manera tal que no afecte la prestación de servicios ni comprometa la seguridad ciudadana.
Asimismo, se subraya que el uso de la licencia anual será obligatorio para todo el personal policial, sin distinción de jerarquías ni cargos, de acuerdo a lo dispuesto por la resolución DP N° 563/97. Esto busca garantizar el cumplimiento efectivo del derecho al descanso, evitando acumulaciones o suspensiones innecesarias.
La medida adoptada responde a la necesidad de armonizar el bienestar del personal policial con las exigencias del servicio, dando cumplimiento a los artículos 100°, 102° y 103° de la Ley N.º 5654 y su normativa complementaria.
La decisión fue tomada a partir de un informe elevado por la Dirección General de Personal de la Policía provincial, que relevó el uso de licencias entre enero y agosto del corriente año. La información, registrada a través del sistema de Personal Web, dio origen a la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio, que analizó el marco legal aplicable.
