El Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas de la provincia estuvo presente en la XXII Reunión del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, desarrollado los días 16 y 17 de octubre en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación.
El Consejo Federal está integrado por los poderes del Estado, entre ellos los ministerios nacionales, un representante de cada una de las provincias, la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y tres organizaciones de la sociedad civil. La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, participó en su rol de consejera en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
El inicio estuvo a cargo del viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, junto a autoridades nacionales y de todas las jurisdicciones, quien «destacó el esfuerzo de todos los gobiernos provinciales para estar presentes en el conclave, anunciando la puesta en vigencia del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del delito de trata de personas», explicó Calveyra.
Posteriormente, se desarrolló el orden del día previsto, presentación del Informe Anual del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas; del Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas 2024-2026; análisis de las propuestas respecto del destino de los bienes puestos a disposición del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, en el marco de Legajo Fiscal; para luego continuar con el trabajo de las Comisiones Permanentes.
«Durante la sesión plenaria se destacaron pautas en referencia a la restitución de derechos a víctimas, la eliminación del fondo fiduciario, por los altos costos que generaba en su mantenimiento y el proceso burocrático que significaba para la asistencia eficaz; y su reemplazo por un mecanismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación de asistencia directa a víctimas, con recursos provenientes de bienes decomisados, con la finalidad de lograr mayor operatividad en el sistema de restitución», explicó Calveyra.
Asimismo, comentó que, «en materia de asistencia a víctimas, se pone en vigencia el programa nacional Restituir Derechos, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con el fin de garantizar la restitución de derechos al momento del rescate. Está destinado a víctimas en autos de procedimiento judicial desde la fecha de aprobación de la resolución 246/25. Consiste en una asistencia económica por tres meses con posibilidad de prórroga, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil». También el programa incluye otra línea de «acompañamiento para la inclusión laboral y social», equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil por igual periodo», agregó.
«La Trata de Personas es un delito complejo, dinámico, que modifica su modus operandi a medida que se lo persigue; un delito que no distingue rango etario, género o situación socio-económica, en sus diferentes modalidades, donde la primera fase de ofrecimiento y captación se ha modificado mediante la utilización de nuevas tecnologías, sitios, aplicaciones, plataformas digitales, streaming, juegos online, entre otras; en este sentido es fundamental continuar fortaleciendo las acciones de prevención, detección de indicadores y alertas tempranas», acotó.
Por último, destacó que «la gestión del gobierno provincial ha puesto entre las prioridades de su agenda la prevención, persecución y combate al delito, entre ellos el de trata de personas y delitos conexos. Esta decisión nos permite desarrollar políticas públicas en un sentido integral, con la experticia del delito complejo; lo que quedó plasmado en la XXII reunión del Consejo Federal», concluyó.
