El Registro Único de la Verdad (RUV) de Entre Ríos consolida su labor pedagógica y de preservación documental para afianzar la memoria colectiva. A través de la digitalización de archivos, el organismo garantiza el derecho a la verdad y el conocimiento de la historia reciente para toda la comunidad entrerriana.
Bajo la premisa de que la memoria es un proceso de construcción constante, el RUV ha profundizado su acción pedagógica mediante la creación de un espacio especializado en el sitio web del Gobierno de Entre Ríos. Esta sección ofrece recursos sobre conceptos clave como los delitos de lesa humanidad y la figura del amicus curiae, además de abordar hitos históricos como la labor de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el impacto de la última dictadura en la cultura y la economía nacional.
Este eje educativo se complementa con una intensa labor de relaciones interinstitucionales, destacando la colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para honrar la memoria de estudiantes desaparecidos y el préstamo de material fotográfico a organizaciones de la sociedad civil para actos conmemorativos.
El organismo lleva adelante un exhaustivo proceso de ordenamiento, escaneo y sistematización de documentación sensible cuyo objetivo es la creación de un doble archivo (papel y digital) que resguarde legajos policiales, penitenciarios y judiciales de relevancia histórica.
Entre las tareas actuales, se destaca la preparación del Fondo «Recursos Humanos», que reúne decretos y resoluciones sobre cesantías por razones políticas o gremiales entre 1976 y 1983, permitiendo visibilizar actos de discriminación contra empleados públicos durante el gobierno de facto.
Además de su rol educativo, el RUV mantiene una participación activa en el ámbito judicial. Actualmente, interviene como «amicus curiae» en 24 causas ante el Juzgado Federal de Paraná y en investigaciones emblemáticas como la de «los vuelos de la muerte».
A través de investigaciones técnicas y catastrales, el organismo también colabora en la identificación de sitios que habrían funcionado como centros clandestinos de detención, aportando pruebas fundamentales para las fiscalías federales.
