AGMER expresa preocupación y rechazo por el carácter efectista e insuficiente del Decreto Nº 2130/26, mediante el cual el Gobierno Provincial declara la «Urgencia Sanitaria en Salud Mental», sin dispositivos acordes a la emergencia.
Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos el carácter efectista e insuficiente del Decreto Nº 2130/26, mediante el cual el Gobierno Provincial declara la «Urgencia Sanitaria en Salud Mental» por el plazo de un año, sin dispositivos acordes a la emergencia.
A través de esta figura declarativa, el Ejecutivo provincial apela al impacto mediático pero se niega a declarar una emergencia real que garantice presupuesto extraordinario, creación de cargos y recursos concretos para atender la grave situación que atraviesa Entre Ríos, así como mecanismos de cuidado de la salud, con prevención y un encuadre ocupacional que contemple las condiciones laborales de trabajadores de salud y educación.
El aula es la primera línea donde se manifiestan las crisis sociales, las violencias de género, las situaciones de vulnerabilidad socioafectiva y las alarmantes señales de sufrimiento psíquico y conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la respuesta del Gobierno provincial ante esta emergencia cotidiana sigue siendo el vaciamiento y la burocracia, a la par que se llenan pantallas con simulacros.
Las escuelas entrerrianas carecen de gabinetes psicopedagógicos y de profesionales de la salud mental en cantidad suficiente para acompañar los abordajes territoriales. La respuesta del gobierno provincial es una app “ORI”. Las esperas para acceder a atención profesional es de hasta 6 meses.
La crisis no solo golpea a los y las estudiantes; golpea con fuerza a los y las docentes. Con salarios empobrecidos, la docencia se ve obligada a sostener jornadas agotadoras y pluriempleo para sobrevivir, absorbiendo en soledad la contención de crisis complejas sin insumos, sin contención profesional y con un Estado ausente.
Un Relevamiento del Estado Psicológico de la Población Argentina 2025, elaborado por la Facultad de Psicología de la UBA, muestra que el 55,9% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuye a problemas económicos –como ingresos insuficientes o deudas–, por encima de las crisis vitales (52,4%) o familiares (36,4%). Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, con datos de este año, los suicidios crecieron un 22,6% respecto a 2024. Pero Entre Ríos, con 841 suicidios entre 2023 y 2026 duplica la tasa de suicidios cada 100.000 habitantes, llegando a 19,8 contra el 9,8 a nivel nacional. Lo más alarmante es que el 75% de esas pérdidas humanas son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad.
Desde esferas oficiales, el discurso estigmatizante sobre las licencias de salud convive con docentes cuyas situaciones de salud mental tienen tres claros signos epidemiológicos: estrés, ansiedad y depresión. El gobierno lo sabe y cuenta con las herramientas administrativas necesarias para dar cuenta desde la estadística de esta situación. El Consejo General de Educación lleva un año y medio sin convocar ámbitos de discusión de Salud Laboral, la que fuera solicitada por AGMER en el marco de una Paritaria de Condiciones Laborales.
Tanto el sistema educativo como el de salud pública están conformados mayoritariamente por mujeres. La falta de presupuesto real para atender la salud mental y la violencia de género representa una forma de violencia institucional y precarización de las tareas de cuidado. El Estado provincial descarga la resolución de las emergencias sociales sobre las espaldas de las trabajadoras de la educación y de la salud, sosteniendo la política pública a costa del desgaste físico y emocional del personal precarizado.
Frente a esta situación, desde AGMER exigimos de manera urgente partidas presupuestarias para la conformación de equipos profesionales que articulen con las escuelas, recomposición salarial para los y las trabajadoras de salud y educación, articulación real interministerial con perspectiva de género para la prevención e intervención territorial, atención efectiva con un enfoque de salud laboral y fortalecimiento del primer nivel de atención para garantizar turnos y tratamientos.
La salud mental y la vida de nuestras comunidades educativas no se sostienen con titulares de prensa ni con comisiones que dilatan las soluciones.
Implementación urgente de ESI en las escuelas como estrategia de prevención con los tiempos institucionales necesarios con formación en servicio.
Reclamamos políticas públicas reales, con presupuesto y justicia social.
