Años después de uno de los crímenes que marcó un antes y un después en la historia judicial y social del país —dando origen a la emblemática Ley Micaela—, la Justicia reabre el debate para definir la situación procesal de Néstor Pavón, único procesado cuyo grado de participación en el femicidio de Micaela García continúa siendo materia de discusión en los tribunales.
Sobre este nuevo proceso judicial y el impacto de revivir el doloroso expediente, el periodista de Gualeguay Norman Robson analizó en profundidad los ejes del debate en diálogo con el programa La Tarde de Zona (conducido por Marcelo Maffey en Radio Zona TV).
La condena a Wagner y las dudas sobre la coautoría Robson recordó que el autor material del secuestro, violación y homicidio, Sebastián Wagner, fue condenado a prisión perpetua con pruebas contundentes. Sin embargo, la situación procesal de Pavón —quien en el juicio original de 2017 fue condenado inicialmente por encubrimiento y cuya causa derivó posteriormente en esta revisión ordenada por instancias superiores— presenta un escenario técnico diferente.
El periodista señaló que, según el análisis de las actuaciones, no se pueden producir pruebas nuevas en este debate y cuestionó la solidez de los elementos que intentan vincular a Pavón como partícipe directo del hecho. Entre los puntos analizados mencionó la falta de registros de ADN que comprometan a un segundo implicado en los peritajes realizados sobre el vehículo y la escena, así como el origen del testimonio que lo incriminó, el cual surgió de la reacción de Wagner al sentirse señalado tras su detención en la localidad bonaerense de Moreno.
Entre el dolor de la familia y el rigor probatorio Si bien la querella y los familiares de Micaela sostienen firmemente la hipótesis de un segundo agresor —argumentando la complejidad física que habría implicado para una sola persona interceptar y reducir a una joven deportista—, la defensa insiste en la coartada horaria y en la inexistencia de pruebas materiales concluyentes.
Para Robson, el nuevo juicio enfrenta a la comunidad y a los operadores judiciales con la necesidad de equilibrar el legítimo reclamo de justicia y el cierre definitivo de una causa que sigue reavivando el dolor, con la estricta valoración técnica de las pruebas objetivas que exige el debido proceso.
