El ex comisario inspector Mario Alberto Núñez fue expulsado de la Policía de Entre Ríos luego de que se comprobara su colaboración con un narcotraficante. Así se determinó al finalizarse el sumario administrativo abierto en 2015, cuando comenzó una investigación penal que terminó con nueve condenados, entre ellos tres agentes y un gendarme.
La destitución por cesantía fue resuelta mediante el Decreto Nº 3496 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la anterior gestión. La resolución se conoció en el Boletín Oficial del 4 de enero: “Se pudo evidenciar con suficiente grado de certeza, vínculo y/o colaboración con personas vinculadas al ámbito de la comercialización de estupefacientes, a las que les proporcionaba información respecto a posibles operativos llevados adelante por la Dirección Toxicología, facilitándoles de esta manera su accionar delictivo, en clara contraposición a la función y/o misión que su investidura le demandaba”.
En los argumentos del documento, se destacó que Núñez reconoció en 2022 el delito de encubrimiento calificado en el marco de un juicio abreviado que se realizó en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, presidido por Sebastián Gallino, donde fue sentenciado a la pena de tres años de prisión condicional.
La historia comenzó en septiembre de 2013, cuando Carlos Callero fue sorprendido intentando exportar 42 kilos de marihuana y 3,300 kilos de cocaína a la República Oriental del Uruguay. En octubre de ese año, personal de la Dirección Toxicológica de la Jefatura Departamental Colón y de la Subprefectura Naval local iniciaron una pesquisa en la que se estableció que el detenido Callero estaba vinculado a Javier Caire y a Mario “Gordo” González, entre otros miembros de la organización.
En el primer juicio desarrollado en 2017 se expuso el contacto asiduo que mantenía Núñez con González. El entonces comisario declaró y no negó que hablaba con el narco. Por el contrario, afirmó que no sabía que se comunicaba con el narco prófugo, sino que para él era un “datero” anónimo.
La conversación más comprometedora fue una en la que Núñez le preguntó al narco dónde estaba y este le respondió “por tus pagos”. Es decir, González sabía que el policía era de Concordia, al igual que él. Además, el investigador de Toxicología, Néstor Garzón, le preguntaba a Núñez si sabía dónde se encontraba González, pero le decía no saber nada al respecto.
Sin embargo, en aquel juicio, Núñez fue absuelto por el beneficio de la duda. En tanto, nueve personas fueron condenadas, entre ellas los dos narcos principales: Mario González y Javier Caire, los organizadores, quienes adquirían los estupefacientes y se los hacían llegar a los restantes integrantes de la banda. Les aplicaron cinco años y seis meses de prisión.
En este caso también fueron condenados los policías federales Sergio García y José María Gómez y el gendarme Carlos Acosta, quienes brindaban protección a González -entonces prófugo-, a quien aportaban datos sobre investigaciones en curso, allanamientos a realizarse, medidas adoptadas por el juzgado para aprehenderlo y también le brindaban información sobre sus compañeros policías que trataban de capturarlo. Les dieron tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Pero la suerte de Núñez no fue muy lejos. La Fiscalía Federal apeló su absolución y logró que sea revocada por la Cámara Federal de Casación Penal el 2 de julio de 2019. Finalmente, en 2022, el expolicía de Toxicología prefirió acordar una condena de prisión condicional por el delito de encubrimiento.
Sumario
El sumario al expolicía encubridor se abrió en 2015, mediante una resolución de Asuntos Internos. La apertura de esa investigación interna era justificable ya que Núñez se encontraba con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 8 de Federal.
En el decreto que dispone la cesantía del excomisario, se recordó que el 31 de diciembre de 2020 se dispuso el cese de sus funciones y, por Decreto Nº 2203, se le dio el pase a retiro voluntario con goce de haberes. Finalmente, se adjuntó la sentencia fechada el 22 de marzo de 2022, por la cual se lo declaró autor penalmente responsable del delito de encubrimiento calificado.
“Podemos concluir que el cuadro de situación descripto revela el incumplimiento por parte del imputado de la principal misión encomendada por el Estado a la institución policial, que no resulta ser otra que la de prevenir los delitos y ser constante custodio de la vida y bienes de las personas; ya que tanto en las instrucciones llevadas adelante en la faz administrativa como judicial, se pudo evidenciar con suficiente grado de certeza, vínculo y/o colaboración con personas vinculadas al ámbito de la comercialización de estupefacientes, a las que les proporcionaba información respecto a posibles operativos llevados adelante por la Dirección Toxicología, facilitándoles de esta manera su accionar delictivo, en clara contraposición a la función y/o misión que su investidura le demandaba”, dice el documento oficial.
Asimismo, se subraya que “la naturaleza y gravedad de la conducta del funcionario involucrado amerita una sanción rigurosa, de carácter segregativa, que lo aparte de las filas policiales; es decir, en relación al quantum de la sanción propuesta, correspondería propugnar la destitución por cesantía del encartado, toda vez que la graduación de tal castigo, surge en atención a la conducta desplegada por el encausado y atendiendo la naturaleza, trascendencia y gravedad de la falta constatada, se darían los elementos que justifican sobradamente la aplicación de tal medida, de conformidad a lo preceptuado por el Artículo 181º del Reglamento General de la Policía de Entre Ríos”.
