La obra social hizo una denuncia penal por estafa para que la Justicia investigue el cobro de $140 millones anuales mediante una maniobra fraudulenta. El Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) presentó una denuncia penal ante la Justicia al detectar una presunta estafa contra el organismo por unos 140 millones de pesos anuales. En este marco, se realizó un allanamiento en Concordia.
Consultado sobre el tema, Arnoldo Schmidt, gerente de Administración del Iosper, confirmó a UNO que “hay una causa judicial que se está llevando adelante por una presunta estafa”, y precisó: “Se trata de un enfermero de Concordia que brindaba algunas prestaciones a través de amparo judicial. Ya está en la Justicia a partir de una denuncia que hizo IOSPER a través de sus abogados y está en curso toda la investigación. Hubo un allanamiento hace unos días en Concordia y se llevaron elementos para avanzar en la causa, creo que fue un teléfono celular y una computadora”.
Modalidad de la presunta estafa
Por su parte, el presidente del directorio del Iosper, Fernando Cañete, brindó detalles del caso y manifestó que la policía allanó la vivienda del hombre y una oficina de internación domiciliaria. En declaraciones al programa “A Quien Corresponda” (Radio Plaza), refirió que a través de recursos de amparo el implicado obtenía pagos por enfermería domiciliaria las 24 horas a seis personas en simultáneo, y señaló que fue denunciado por estafa e incumplimiento de la Ley Penal Tributaria.
Cañete explicó que “esto surge porque el director de Programas Específicos notó una acción constante de un enfermero que a través de recursos de amparo venía obteniendo la habilitación para ejercer este tipo de actividad con enfermería las 24 horas”.
Sobre este punto, indicó que hubo seis afiliados que recibían la prestación de enfermería por 24 horas, que ejercía la misma persona, el mismo enfermero. “A su vez había nueve afiliados que requerían cuidador domiciliario y es el mismo enfermero quien, por amparo, les brinda ese servicio. Esto llamó poderosamente la atención, por lo cual se hizo una auditoría para recabar información y al visitar la casa de los afiliados no había ningún enfermero. Es más, se enviaron cuatro profesionales de manera simultánea para hacer las auditorías y encontramos que no había profesional interviniente sino que el afiliado se encontraba solo”, subrayó Cañete.
Respecto del monto que pagaba la obra social, consignó: “Por cada afiliado que tiene recurso de amparo de internación domiciliaria, aproximadamente un 1,5 millones de pesos por mes. Y los nueve afiliados representan también un valor de casi 300.000 pesos cada uno, lo que totaliza aproximadamente entre 11 y 12 millones de pesos mensuales. Al año, proyectado, serían 140 millones de pesos”.
Asimismo, apuntó que se cree que esto venía sucediendo “aproximadamente durante más de dos años”, y aclaró que “como son todas medidas que tenemos que cumplir mediante el recurso de amparo, muchas veces uno tiene alguna imposibilidad de poder avanzar en alguna medida. Ahora, como hicimos el tema de la auditoría, y encontramos con que 24 horas tiene que cumplir la obligación, las planillas de la enfermería donde supuestamente el enfermero tiene que dejar anotado, asentado, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, la hora que lo hace, todas están firmadas por esta misma persona, en cada uno de los afiliados. Esos son los elementos que hemos dado a conocer a la justicia para hacer la denuncia y poder avanzar en esto”.
En tanto, el abogado penalista Marcos Rodríguez Allende explicó a Vórterix que el Iosper, representante de los trabajadores del Estado, debido a esta maniobra se ve afectado tanto en lo financiero como en la calidad de la atención a sus afiliados.
“El directorio de Iosper, conformado por representantes de los tres poderes del Estado, ha detectado irregularidades que van más allá de simples faltas administrativas, constituyendo delitos de corrupción que afectan gravemente a la administración pública” dijo el letrado, y agregó: “Se han observado casos en los que se ordena cubrir servicios de salud a través de amparos judiciales, pero luego se constata que las prestaciones no se realizan conforme a lo estipulado, generando un doble perjuicio tanto a la obra social como a los pacientes”.
