Ante la posible instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, la Fundación CAUCE solicitó al Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay acceso a información pública ambiental para conocer los estudios, permisos y evaluaciones del proyecto impulsado por HIF Global.
La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó junto a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay un pedido de acceso a información pública ambiental ante el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay sobre el proyecto de planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en el departamento de Paysandú.
Las organizaciones firmantes señalan que el proyecto industrial podría generar impactos ambientales potenciales en la cuenca compartida del río Uruguay, lo que vuelve especialmente relevante el acceso a información pública que permita evaluar sus posibles efectos para las comunidades de ambos países.
En este sentido, el pedido de información solicita al Ministerio de Ambiente uruguayo que brinde acceso a documentación clave vinculada al proyecto, a saber:
· el expediente administrativo completo
· estudios de prefactibilidad y evaluaciones de impacto ambiental
· informes técnicos elaborados por organismos públicos
· resoluciones o autorizaciones otorgadas
· información sobre uso de agua, emisiones, efluentes y residuos
· evaluaciones de impactos ambientales, sociales y sanitarios
· análisis de posibles impactos transfronterizos
· instancias de participación pública realizadas o previstas
· convenios entre el Estado uruguayo y la empresa
· comunicaciones con el Estado argentino o con la Comisión Administradora del Río Uruguay
También se solicita información sobre decisiones vinculadas a la localización del proyecto en relación con el área natural protegida Islas del Queguay, incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay en 2025.
Se destaca que el acceso a esta información es fundamental para garantizar el control democrático y la participación informada de la ciudadanía, derechos reconocidos por el Acuerdo de Escazú, especialmente cuando se trata de proyectos industriales con posibles impactos ambientales en ecosistemas compartidos.
La solicitud también recuerda que el derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido como un derecho humano por la jurisprudencia del sistema interamericano, y que los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales que puedan afectar a otros países.
Foto crédito: La República Medios
