Empleados cesanteados denunciaron que la plantilla del organismo ya se redujo en más de un 40%. Revelaron la precariedad de los contratos, notificaciones por mensaje y la suspensión de programas sociales en la región.
Un profundo clima de incertidumbre y angustia atraviesa a los trabajadores de la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) a raíz de una seguidilla de despidos que afecta a las sedes de Concordia y Chajarí. En diálogo con Marcelo Maffey en La Tarde de Zona (Radio Zona TV 99.7), Marcelo Pratt y Alexis Lambert, dos de los agentes dados de baja recientemente, expusieron la degradación del entorno laboral y la falta de respuestas por parte de las autoridades.
Los exempleados repasaron la evolución de su estatus contractual: tras años de desempeñarse como monotributistas entre 2012 y 2023, pasaron a contratos de servicio provinciales que, a partir de enero de 2026, sufrieron un recorte de estabilidad al convertirse en temporarios, lo que facilitó cesantías inmediatas sin indemnización ni notificación previa formal.
Un organismo desmantelado
Según detallaron, la CAFESG ha reducido su personal en más del 40%, mediante un esquema de bajas trimestrales que afecta a trabajadores con más de catorce años de antigüedad y sin antecedentes de sanciones. A esta situación se suma la aceleración de jubilaciones en una planta mayoritariamente experimentada.
«Nos encontramos con decisiones unilaterales de un día para el otro, incluso comunicadas por mensajes o contestadores», relataron, remarcando la contradicción entre el discurso institucional de contención y la frialdad de las medidas aplicadas por orden directa de la presidencia del organismo.
Impacto en la región y origen de los fondos
Durante la entrevista se aclaró que el pago de salarios en CAFESG no depende de rentas generales de la provincia, sino de los excedentes de las regalías de Salto Grande (donde el 30% se destina a masa salarial y el 70% a obras de desarrollo). Sin embargo, advirtieron que los recortes presupuestarios ya provocaron el cese de programas de contención social, como las escuelas deportivas destinadas a niños en situación de vulnerabilidad.
Ante el diferimiento de las respuestas y la falta de canales locales de solución, los trabajadores afectados mantienen gestiones junto a delegados sindicales solicitando audiencias urgentes con las autoridades provinciales para exigir la revisión de los legajos y la reincorporación del personal cesanteado.
Reviví la entrevista completa en disponible en nuestro canal de youtube
