Mientras el bloque de Juntos por Entre Ríos apoyó la decisión del gobernador de suspender las actualizaciones salariales para funcionarios, desde la Asociación Judicial de Entre Ríos declararon el estado de alerta y exigieron que el Poder Judicial no adhiera al decreto.
El congelamiento de sueldos para funcionarios y personal fuera de escalafón dispuesto por el Gobierno de Entre Ríos a partir del 1º de julio generó reacciones inmediatas en los distintos poderes del Estado. La medida, formalizada mediante el Decreto Nº 1391/25, tiene como objetivo contener el gasto en un contexto de fuerte caída de ingresos coparticipables y vencimientos de deuda.
La decisión fue acompañada por un llamado a los poderes Legislativo y Judicial para que adopten medidas similares en sus respectivas jurisdicciones, gesto que generó un fuerte rechazo en el ámbito judicial.
¿A quiénes afecta?
La suspensión salarial alcanza exclusivamente a los funcionarios políticos, autoridades superiores y personal fuera de escalafón, tanto de la Administración Central como de los entes descentralizados y las empresas estatales. No incluye al menos en este decreto a docentes, trabajadores de la salud ni al resto del personal bajo convenios colectivos.
Según pudo saber es una decisión que busca mostrar un gesto político de austeridad en tiempos donde los recortes se sienten con fuerza en todos los sectores. Sin embargo, no se descarta que en el futuro puedan implementarse otras medidas que afecten al conjunto del personal estatal, dependiendo de la evolución económica.
Alerta en el fuero judicial
La comisión directiva de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) declaró este miércoles el estado de alerta y movilización, tras conocerse el contenido del decreto provincial. Si bien la suspensión de aumentos afecta específicamente a funcionarios y personal fuera de escalafón, los trabajadores judiciales exigieron que el Poder Judicial no adhiera a la normativa. “Advertimos con preocupación esta maniobra del Ejecutivo. Si bien en esta etapa no se afecta directamente al personal de escalafón, rechazamos cualquier avance que implique pérdida de poder adquisitivo o que genere un precedente regresivo”, señalaron desde AJER.
“El salario no puede ser variable de ajuste y las decisiones salariales del Poder Judicial deben mantenerse autónomas, como corresponde a un Estado de derecho”, agregaron.
Aval del bloque oficialista
En contraste con la reacción gremial, el bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos alineado con el Poder Ejecutivo expresó su respaldo pleno al congelamiento salarial. En un comunicado, calificaron a la medida como una decisión “necesaria” frente a la crisis fiscal que atraviesa la provincia. “La delicada situación a la que fue conducida Entre Ríos con la merma real de la coparticipación y la eliminación de transferencias nacionales, sumado al vencimiento de la deuda generada en épocas de descontrol, obliga a tomar decisiones como esta”, indicó la bancada.
También señalaron que “no es momento de mirar para atrás, sino de actuar con seriedad y sin especulaciones para afrontar la crisis”.
Una medida que marca el tono del ajuste
El decreto establece la suspensión de toda actualización salarial para funcionarios y personal jerárquico del Poder Ejecutivo, entes autárquicos, descentralizados y empresas del Estado, a partir del 1° de julio. Además, instruye a las autoridades de esos entes a adecuar su régimen salarial y faculta al ministro de Hacienda para levantar o modificar la medida si mejora la situación fiscal.
El gesto del gobernador apunta a mostrar austeridad en la conducción del Estado y alinear la política provincial con el clima de ajuste promovido desde Nación. No obstante, la tensión ya se empieza a hacer visible en sectores clave del Estado, como el Poder Judicial, que se resiste a replicar el congelamiento en su ámbito.
Fuente: Despertar Entrerriano
