El operativo por trata de personas con fines de explotación laboral se desplegó en la zona rural. Los operarios vivían en construcciones precarias, sin agua corriente, gas, puertas ni ventanas. Intervino la Justicia Federal de Concordia.
En el marco de una causa penal que genera fuerte conmoción en el ámbito laboral y social de la región, personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarató un presunto búnker de explotación laboral. El procedimiento se llevó a cabo tras un rápido y coordinado allanamiento en un establecimiento de la zona rural de La Criolla, en el departamento Concordia.
La causa se inició a raíz de una denuncia concreta por el presunto delito de Trata de Personas. Las tareas de inteligencia criminal fueron desarrolladas con extrema celeridad debido a la urgencia y gravedad que reviste el delito en cuestión.
Los agentes federales actuaron bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Concordia, conducida por el Dr. Francisco Bernhardt (Secretaría de la Dra. Cintia Cibulskas), y con la respectiva orden del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi (Secretaría Penal del Dr. Alan Bergdolt).
Hacinamiento, frío y desprotección total
Mediante discretas vigilancias y entrecruzamiento de datos, la Policía Federal logró establecer el infierno que padecían las personas que se desempeñaban en el predio. Según detallaron fuentes judiciales, los trabajadores sufrían condiciones laborales y de vida de extrema precariedad.
Al irrumpir en el campo, las autoridades constataron que los obreros habitaban en condiciones inhumanas y deplorables:
Eran alojados en construcciones sin terminar, expuestos a las inclemencias del tiempo en pleno invierno.
Las estructuras carecían de puertas, ventanas y sistemas de calefacción adecuados.
Los ambientes no contaban con servicios básicos esenciales como gas ni agua corriente.
A este sombrío panorama habitacional se le sumó la constatación de que la totalidad de los trabajadores no se encontraban registrados legalmente. Carecían por completo de cobertura social, asistencia médica mutua, aportes jubilatorios y todo tipo de elemento de protección laboral, quedando en una situación de absoluta vulnerabilidad y desamparo.
Amplio despliegue de organismos de rescate
Durante el procedimiento en el campo investigado, la PFA ejecutó minuciosas inspecciones edilicias, relevamientos ambientales y procedió al secuestro de documentación clave, teléfonos celulares y otros elementos de vital interés para el expediente, los cuales serán peritados de forma exhaustiva en las próximas horas.
Dada la complejidad del operativo y la necesidad de resguardar de inmediato a las víctimas, se desplegó un abordaje interdisciplinario en el que colaboraron de forma coordinada:
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Personal del Programa Provincial de Rescate y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.
Inspectores del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos.
Tras el aseguramiento del lugar y la asistencia de contención psicológica y médica a los damnificados, la investigación continúa bajo la órbita estricta de la Justicia Federal local con el fin de avanzar en las declaraciones testimoniales y determinar las correspondientes responsabilidades penales y económicas de los propietarios o encargados del establecimiento rural.
