La iniciativa propone crear en Entre Ríos un protocolo para que, frente al cierre, abandono o quiebra de una empresa, sus trabajadores puedan organizarse como cooperativa y avanzar en la continuidad de la actividad productiva.
El diputado provincial Juan Manuel Rossi presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por los Trabajadores y las Trabajadoras, con el objetivo de preservar puestos de trabajo y capacidad productiva ante situaciones de crisis empresariales. La propuesta toma como antecedente la experiencia de Córdoba -Proyecto de Ley Nº 34.996/22-, donde este año se sancionó una legislación específica sobre empresas recuperadas, adaptando ese esquema a la realidad institucional, jurídica y productiva de Entre Ríos.
La iniciativa establece un marco para que los trabajadores puedan continuar la actividad mediante cooperativas de trabajo y crea un Registro Provincial de Empresas Recuperadas en el ámbito del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCYMER), que será la autoridad de aplicación en articulación con la Secretaría de Trabajo.
“El presente proyecto viene a cubrir un vacío normativo crítico: el protocolo de crisis e intervención rápida ante el colapso de pymes, industrias, medios de comunicación, etc. A diferencia de las leyes de fomento general, este marco norma la transición técnico-jurídica dentro del concurso o quiebra en los términos de la Ley Nacional Nº 24.552, canalizando la articulación entre IPCYMER y la Secretaría de Trabajo”, sostuvo Rossi.
Entre las herramientas previstas se encuentran la asistencia técnica para la conformación y gestión de las cooperativas, capacitaciones, líneas de crédito, acceso a financiamiento y acompañamiento durante el proceso de recuperación. También se contempla para las empresas inscriptas un régimen de preferencia como proveedoras del Estado, tratamiento fiscal diferencial y acceso a créditos y subsidios.
El proyecto busca complementar las leyes provinciales ya vigentes sobre economía social y trabajo cooperativo, incorporando una herramienta específica para actuar ante situaciones de crisis y favorecer la continuidad de unidades productivas. Según los fundamentos de la iniciativa, no se plantea la estatización de empresas, sino ordenar institucionalmente un mecanismo para preservar el empleo, la producción y las capacidades instaladas en la provincia.
La propuesta se fundamenta además en el escenario económico y laboral provincial. De acuerdo con los datos incorporados al proyecto, en enero de 2026 Entre Ríos registraba 854 empresas menos que en noviembre de 2023 y una pérdida de 4.412 puestos de trabajo privados registrados durante el mismo período.
“Queremos que ante una crisis la respuesta sea preservar el trabajo, la producción y las capacidades que ya existen en Entre Ríos. Se trata de contar con un mecanismo previsible para que una empresa que atraviesa una situación crítica pueda encontrar una alternativa de continuidad en manos de sus trabajadores”, concluyó Rossi.
