La reciente condena judicial contra Carlos Alcides “Corcho” González, ex tesorero de la Sociedad Mutual de Músicos y actual consejero titular del Partido Justicialista de Concordia, abrió un nuevo frente de tensión dentro del peronismo local y colocó al apoderado legal del partido en una posición incómoda.
La sentencia fue ratificada por el vocal Maximiliano Larocca Rees, quien confirmó la condena contra González por los delitos de administración fraudulenta, uso de documento público falsificado y destrucción de medios probatorios. El acuerdo judicial fue alcanzado entre la fiscal Daniela Montangie —sobre la base de una investigación iniciada por el doctor José Arias— y la defensa del imputado.
Según supo 7Paginas, la pena impuesta fue de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, por lo que González no deberá cumplir condena efectiva en una unidad penitenciaria. No obstante, durante dos años deberá cumplir estrictas reglas de conducta, entre ellas realizar 150 horas de trabajos comunitarios, presentarse periódicamente ante la Oficina de Medios Alternativos y la prohibición absoluta de integrar o participar en órganos de administración de asociaciones, mutuales, fundaciones u organizaciones de bien público.
Impacto político en el PJ local
El caso generó repercusiones dentro del PJ concordiense debido a que González ocupa actualmente el cargo de consejero titular del partido.
La situación adquiere mayor complejidad porque el abogado que representó a González en la causa fue el doctor Javier Orduna, quien además se desempeña como apoderado legal del PJ de Concordia.
En ese contexto, Orduna queda en una posición delicada: como apoderado partidario, sería quien debería promover el alejamiento de González del cargo de consejero tras la condena judicial.
Un escenario atravesado por la interna
La cuestión se vuelve aún más sensible si se tiene en cuenta el antecedente de la interna partidaria. El año pasado, Orduna impulsó junto a otros consejeros la destitución del entonces presidente del PJ local, Maximiliano Ruiz Díaz, proceso que se concretó con el voto de González.
En ese esquema, una eventual renuncia o desplazamiento de González podría alterar el equilibrio interno del consejo partidario. Si el dirigente dejara su cargo, el sector que promovió aquella destitución quedaría en minoría, lo que abriría la puerta para que Ruiz Díaz recupere la presidencia del partido.
Entre la defensa legal y el rol institucional
De esta manera, la condena coloca a Orduna “entre la espada y la pared”. Por un lado, fue el abogado defensor que logró, mediante un juicio abreviado, evitar que González cumpla una pena de prisión efectiva. Por otro, en su rol institucional dentro del partido debería impulsar una definición política respecto a la continuidad del dirigente condenado dentro de la estructura partidaria.
Ahora las miradas dentro del peronismo local están puestas en qué postura adoptará el apoderado del PJ frente a esta situación y si el propio Ruiz Díaz decidirá avanzar con algún planteo interno a partir de la sentencia judicial.
El desenlace podría tener consecuencias directas en el equilibrio de fuerzas dentro del peronismo de Concordia, que vuelve a quedar atravesado por tensiones políticas y judiciales.
