El gremio de trabajadores estatales solicitó una medida precautoria para impedir la implementación de una serie de artículos de la ley aprobada a fines de junio. Aseguran que pone en riesgo la estabilidad en el empleo público.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este miércoles ante la Justicia una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se declare la inconstitucionalidad los artículos de la Ley Bases que modifican la Ley de Empleo Público. El gremio solicitó una medida cautelar para que se suspenda «inmediatamente» su aplicación y se frenen los «despidos arbitrarios».
De acuerdo a un escrito al que accedió Ámbito, el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar denunció ante la Justicia Nacional del Trabajo la ilegalidad de la implementación de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002).
El gremio asegura que su aplicación afecta el derecho de estabilidad en el empleo público dado que se permiten los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional. “La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, aseguró Aguiar.
La aprobación definitiva del megaproyecto habilita al oficialismo a pasar a disponibilidad a un total de 125.000 trabajadores, según estimaron fuentes oficiales a este medio, quienes eventualmente podrían ser despedidos. Se trata de aquellos que actualmente forman parte de la planta permanente del Estado. El nuevo marco establece que un empleado puede entrar en el régimen si el organismo supera la “dotación óptima necesaria” de personal.
«El pase a disponibilidad automática, con la merma salarial que conlleva, la pérdida de derechos derivados de la relación laboral de empleo público, genera a los trabajadores y trabajadoras afectados un perjuicio grave e irreparable en virtud de que los mismos se ven privados de su trabajo y de sus ingresos, encontrándose imposibilitados de procurar el sustento de sus familias», denunció ATE en la presentación.
ATE denunció que Javier Milei «está sentando las bases para la destrucción del Estado»
La demanda advierte que el Gobierno de Javier Milei «está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.
Además, el escrito asegura que el Poder Ejecutivo se encuentra en franca violación de la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22 ya que está «destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios». Ante ello, el gremio de trabajadores del Estado solicitó a la Justicia que dicte una medida de no innovar como precautoria «ante la efectiva puesta en práctica de los efectos jurídicos de la norma en crisis».
El documento, que lleva la firma de Aguiar y del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, denuncia que las normas impugnadas «son inconstitucionales y afectan, con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, los derechos constitucionales de los trabajadores que se desempeñan en el Estado Nacional», quienes gozan y tienen incorporado a su patrimonio «el derecho a la estabilidad en el empleo público, a su carrera administrativa, a su proyecto de vida y se encuentran hoy con la pérdida, o amenaza cierta e inminente de perder sus derechos, sin causa ni justificación seria alguna».
Piden suspender los cambios en el empleo público que se aprobó en la ley Bases
Aguiar cuestionó la «discrecionalidad» de la que disponen las autoridades en el Estado como empleadores para definir la dotación óptima de personal en un organismo. «Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», criticó.
El gremialista pidió que los empleados estatales no sean utilizados «como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas» y cargó contra la nueva normativa: «Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
Por ese motivo, Aguiar aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Asimismo, el sindicato elevó una solicitud a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, para que informe:
- La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional (desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario
- La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha
- Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
En la demanda, ATE alegó que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”. Y solicitó suspender la aplicación de la nueva regulación.
