La marcha del paro en Concordia reunió a una multitud de trabajadores y referentes gremiales en defensa de sus derechos, evidenciando el descontento hacia la gestión del gobierno local y nacional. Las críticas se centraron en la falta de atención a las necesidades sociales y laborales, así como en la represión de la protesta.
La marcha del miércoles en Concordia comenzó a las 19 horas desde Plaza Urquiza, realizando un breve recorrido hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo. Allí, los manifestantes se congregaron frente al gazebo, con el monumento al libertador San Martín como telón de fondo.
Numerosos referentes gremiales tomaron la palabra durante el acto. Un dirigente jubilado abrió el evento, centrando su discurso en la interna peronista y criticando a los funcionarios de la gestión Frigerio. También cuestionó la decisión del municipio de descontar el día a los trabajadores que se sumaron al paro.
El ambiente se tornó tenso cuando Ivana Almada, del Colectivo Trabajadores de la Educación en la Multicolor y parte del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, denunció «la burocracia sindical». Almada acusó a los organizadores de la marcha de haber elegido un día que no favorece la lucha laboral y afirmó que esto impedía fortalecer el movimiento.
La respuesta llegó de María José Chapitel, representante de AGMER, quien instó a no caer en provocaciones gubernamentales y abogó por la unidad entre los trabajadores. «No vamos a votar en blanco; vamos a echar a este gobierno por las urnas», proclamó.
Entre los asistentes se encontraban miembros de ATE, AGMER, el Centro Empleados de Comercio, ferroviarios de La Fraternidad, Gastronómicos, Siatrasag y Luz y Fuerza, así como militantes de partidos de izquierda. Juntos redactaron un documento conjunto de la CTA y CGT adaptado a la realidad local, que fue leído por dos mujeres referentes de AGMER y ATE.
El texto enfatizó que «paramos ante una desigualdad social intolerable» y exigió mejoras salariales y condiciones dignas para todos. También se criticó el «equilibrio fiscal» logrado a costa del desmantelamiento del Estado y el abandono de servicios públicos esenciales.
Los manifestantes expresaron su frustración ante un gobierno que ignora las problemáticas sociales, reprime injustificadamente y vulnera derechos fundamentales. Se hicieron eco de demandas por un sistema público de salud y educación robusto, aumento salarial y cese del hostigamiento hacia quienes ejercen su derecho a protestar.
Finalmente, pidieron el fin del saqueo a los recursos naturales comunes y manifestaron su rechazo al pago de una deuda externa considerada ilegítima. «Fuera Milei, fuera Villaruel, fuera el FMI», concluyeron con firmeza.
