En Concordia, detrás de cada investigación policial hay algo más que patrullas o llamados al 911: existe un mapa interno que marca con precisión la ubicación de miles de cámaras privadas que los efectivos utilizan para rastrear delitos, accidentes o disturbios. Se trata de un registro que la Policía Departamental construyó durante años, caso por caso, gracias a la colaboración de vecinos y comerciantes que, en algún momento, cedieron sus grabaciones para esclarecer un hecho.
José María Rosatelli, jefe de la Policía Departamental, reveló
cómo funciona este sistema casi desconocido para la mayoría de los concordienses: “Cada vez que descargamos imágenes de una cámara privada, la vamos marcando en un mapa que tenemos en Google Maps. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. Si hay un hecho, rápidamente vemos si hay cámaras cerca y cuántas hay”, explicó.
El mapa no implica que la fuerza tenga acceso directo o permanente a esas cámaras. Más bien funciona como una especie de GPS de pruebas: orienta a los investigadores para saber dónde pedir imágenes ante un requerimiento judicial o policial, y así reducir tiempos de búsqueda. Según Rosatelli, además de esta herramienta digital, la práctica cotidiana hace que el personal ya conozca de memoria las zonas más vigiladas: “Por descargar tantas cámaras, los chicos que trabajan en eso ya saben dónde hay, dónde no hay… así nos manejamos”, resumió.
Concordia: 170 cámaras públicas y miles de privadas
Actualmente, Concordia cuenta con 170 cámaras públicas distribuidas por puntos estratégicos de la ciudad, a las que se suman las que están siendo equipadas con lectores automáticos de patentes. Sin embargo, el número de cámaras privadas que graban espacios públicos supera ampliamente esa cantidad. “Si tenemos 170 públicas, fácil debe haber más de 5.000 cámaras privadas apuntando a la vía pública”, estimó Rosatelli.
Este “mapa” que confecciona la Policía —y que no es oficial ni público— se va completando cada vez que surge una causa: las cámaras se suman cuando los vecinos aceptan compartir imágenes, y el dato queda registrado para futuras investigaciones.
Un proyecto de ley busca crear una red oficial
En paralelo, en la Legislatura de Entre Ríos se debate un proyecto presentado por el diputado provincial Jorge Maier, que propone formalizar y ampliar esta idea a nivel provincial: crear una Red Ciudadana de Videovigilancia, integrada por cámaras privadas que se inscriban voluntariamente en un registro administrado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
El objetivo, según el texto, es reforzar la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas, pero respetando la privacidad: los vecinos sólo deberían entregar imágenes cuando exista un pedido formal vinculado a una causa concreta. “La seguridad es uno de los valores más preciados de toda comunidad, pero eso supone el compromiso y la participación de todos los ciudadanos que la integran”, argumentó Maier, que también advirtió sobre los riesgos del uso indiscriminado de estas tecnologías.
La propuesta incluye cláusulas para proteger los datos personales, garantizar el consentimiento informado y dar transparencia al uso de las imágenes.
En Concordia, la experiencia local muestra que la colaboración vecinal es clave: la Policía reconoce que muchas causas avanzan gracias a esas imágenes que vecinos y comerciantes entregan voluntariamente.
Fuente: Despertar Entrerriano
