El conflicto por los embargos vinculados a deudas municipales en La Criolla continúa y suma nuevos capítulos judiciales. Uno de los damnificados asegura que, pese a los reclamos realizados, el banco todavía mantiene retenida parte del dinero embargado. En paralelo, se presentó una denuncia penal que fue desestimada y ahora se solicitó la revisión de esa decisión.
El caso se inició a comienzos de junio, cuando trabajadores y vecinos de La Criolla denunciaron haber sido alcanzados por medidas de embargo relacionadas con deudas correspondientes a tasas municipales.
La situación ya había generado cuestionamientos públicos y políticos. En junio, concejales de Juntos por Entre Ríos habían presentado un pedido de informes al presidente municipal Ariel Stuker para conocer, entre otros puntos, la situación contractual de los abogados que intervienen en los procesos de apremio fiscal, el mecanismo utilizado para afrontar esos procesos y las gestiones realizadas frente a los embargos.
Uno de los aspectos que había despertado cuestionamientos fue el monto de los honorarios profesionales en relación con la deuda tributaria original de uno de los expedientes. Según lo publicado anteriormente por Radio Zona, una deuda de $112.630,15 terminó involucrando honorarios profesionales por $475.000.
El reclamo de uno de los damnificados continúa
Ahora, uno de los trabajadores afectados sostiene que el conflicto todavía no terminó.
De acuerdo con su presentación y documentación aportada, al día de hoy el banco continuaría reteniendo una parte del dinero alcanzado por el embargo, pese a los reclamos efectuados.
El damnificado también tiene prevista una instancia de mediación para el próximo 5 de octubre, en el marco de las presentaciones realizadas ante organismos de Defensa del Consumidor y de una intimación judicial.
La situación plantea, según sostiene el propio afectado, interrogantes respecto del procedimiento utilizado para ejecutar los embargos y, posteriormente, para disponer el levantamiento o devolución de los fondos retenidos.
Denuncia penal y pedido de revisión
Otro de los capítulos de esta historia se produjo cuando los damnificados decidieron presentar una denuncia formal ante los tribunales de Concordia, planteando lo que consideran una posible maniobra irregular.
Según manifestó uno de los denunciantes a Radio Zona, la presentación fue desestimada por la Fiscalía interviniente en un plazo que, de acuerdo con su versión, fue inferior a una semana.
El damnificado cuestionó esa decisión y presentó un escrito solicitando la revisión del caso, expresando su disconformidad con los fundamentos utilizados para disponer la desestimación.
Además, aseguró haber incorporado nueva documentación y elementos que, desde su perspectiva, deberían ser analizados antes de cerrar definitivamente la investigación.
Entre los elementos que dice haber presentado se encuentran documentación relacionada con los embargos, comunicaciones y otros elementos que —según sostiene— permitirían reconstruir el procedimiento y las circunstancias que rodearon los hechos denunciados.
También denuncia presuntas amenazas
El conflicto sumó otro elemento delicado: el damnificado asegura haber recibido amenazas y presiones, situación que también afirma haber incorporado a la documentación presentada ante la Justicia.
Por ese motivo, sostiene que respondió punto por punto a los argumentos utilizados para desestimar inicialmente su denuncia y pidió que esos nuevos elementos sean considerados dentro de la revisión.
Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a la versión del denunciante y deberán ser evaluadas por los organismos judiciales competentes.
El antecedente institucional
La polémica no comenzó con la denuncia penal.
En junio, el Concejo Deliberante de La Criolla ya había puesto la lupa sobre los procesos de apremio fiscal. Los concejales opositores habían solicitado información sobre la situación contractual de los profesionales que intervienen en esos expedientes, si perciben remuneraciones del municipio y la cantidad de procesos iniciados durante 2024, 2025 y lo que transcurrió de 2026.
El pedido también incluyó información sobre los mecanismos utilizados para comunicar a los contribuyentes la existencia de medidas cautelares y las gestiones realizadas para levantar los embargos.
La Municipalidad de La Criolla mantiene actualmente canales oficiales para el pago de tasas e impuestos y publica información sobre sus servicios y normativa municipal en su sitio institucional.
¿El caso podría llegar a una instancia nacional?
Según manifestó el damnificado, en las últimas horas tomó contacto con la periodista Nancy Pazos y con la programación de TN, con la intención de llevar el caso a una instancia de alcance nacional.
Por ahora, se trata de una posibilidad planteada por el propio denunciante y no de una confirmación de que el caso vaya a ser tratado por medios nacionales.
Mientras tanto, el expediente continúa generando reclamos. La mediación prevista para el 5 de octubre, el pedido de revisión de la denuncia penal y la documentación que los damnificados aseguran haber incorporado serán los próximos pasos para determinar cómo continúa el conflicto.
Desde Radio Zona seguiremos el desarrollo del caso y las respuestas que puedan brindar las partes involucradas y los organismos judiciales correspondientes.
