La Fundación Red por la Infancia presentó el informe “Fuera de las Sombras”, que estudia cómo 60 países del mundo, que representan el 85% de la población mundial de niños, niñas y adolescentes, están previniendo y respondiendo al abuso y la explotación sexual (AES) en la infancia y adolescencia. Argentina ocupa el puesto 49 de 60 países y se encuentra en el último puesto a nivel regional.
El informe se presentó en la Comisión Bicameral del Defensor del Niño y Adolescente ante senadoras y diputadas, autoridades del Poder Ejecutivo nacional, jueces y defensores del Poder Judicial de la Nación.
Según el relevamiento, 400 millones de niños y adolescentes son víctimas de explotación y abuso sexual en el mundo. La prevalencia es similar independientemente del grado de desarrollo de los países, lo que cambia es lo que están haciendo los países frente a este flagelo creciente.
“Este es el primer esfuerzo internacional para evaluar cómo están los países previniendo y respondiendo al abuso y la explotación sexual de NNA, lo que arroja mucha claridad sobre cuál es la agenda pendiente a nivel internacional, regional y nacional”, dice Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia.
“Se necesita construir un sistema de respuesta que aborde todas las dimensiones del problema: buenas leyes que protejan a los niños, políticas públicas que aumenten los factores de protección, compromiso de los gobiernos para elaborar un plan nacional para prevenir y abordar la violencia sexual en la infancia con presupuestos adecuados. También necesitamos sistemas de apoyo y recuperación a los niños víctimas y un proceso de justicia amigable a los niños que sancione a sus agresores en un tiempo razonable”, agregó Wachter.
Argentina se destaca por tener buenas leyes de protección a las víctimas: los delitos no prescriben, las víctimas de trata no son criminalizadas y se garantiza el acceso a la ILE y a la salud pública.
También se contempla un plus de protección para los casos con discapacidad.
Sin embargo, debería tipificarse como delito la compra y venta de niños y revisarse la edad de consentimiento, ya que el Comité de los Derechos del Niño considera que los 13 años es “muy baja”. La media en la región es de 15 años y en Europa de 18 años.
“Al igual que en el resto del mundo, Argentina enfrenta los mayores desafíos en la elaboración de un plan nacional de lucha contra el abuso sexual y en la producción de estadísticas confiables sobre los casos de violencia en la infancia y cómo los mismos se resuelven en el proceso judicial. También hay que fortalecer el acceso a programas de salud mental que garanticen la recuperación de las víctimas”, consideró la referente.
Wachter destacó que la labor del Centro de Información Judicial con el Ministerio Publico Fiscal de CABA, ICMEC y la Red Federal de Jueces y Fiscales es «un modelo de buena práctica regional» en el abordaje de los ciberdelitos y la difusión de imágenes explotación sexual de niños por internet.
Esta serie de materiales consta de un informe global elaborado por Ignite Philanthropy, desarrollado por Economist Impact y un informe regional y nacional elaborado por Fundación Red por la Infancia con el apoyo de Ignite Philanthropy, New Venture Fund (NVF) y Fundación IRSA.
