Con el testimonio exclusivo de Marcelo Casareto en el programa La Tarde de Zona, ex titular del organismo y denunciante principal, se reconstruye el entramado delictivo que borró deudas millonarias con la complicidad de empleados, contadores y empresarios. La causa, sin precedentes en la provincia, logró la recuperación total del dinero defraudado.
El caso judicial por el megafraude a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se consolidó como el hito penal y fiscal más relevante de la historia moderna de la provincia. La maniobra, que funcionó de manera impune durante al menos diez años atravesando distintas administraciones políticas, permitió la cancelación irregular de deudas impositivas por sumas que, a valores actualizados, representan miles de millones de pesos.
El ex director ejecutivo de ATER y ex diputado nacional, Marcelo Casareto, repasó los detalles de la investigación que lideró tras descubrir la operatoria en 2014. El esquema delictivo combinaba el acceso no autorizado a las claves del sistema informático tributario con resoluciones administrativas falsas que simulaban compensaciones de deudas y créditos del Estado.
«Era una verdadera organización dentro del Estado dedicada al delito, donde confluyeron empleados públicos, estudios contables y empresarios que pagaban una fracción del impuesto adeudado para quedar limpios ante el fisco», detalló Casareto.
Las claves del proceso judicial e institucional
Respuesta administrativa: Tras radicar la denuncia penal inmediata, se iniciaron sumarios administrativos que concluyeron con el despido por causa justa y la exoneración de los empleados estatales involucrados.
Recuperación económica récord: A diferencia de otros casos de corrupción pública, la ATER logró intimaciones efectivas que derivaron en el cobro total del capital defraudado más sus correspondientes intereses.
Depuración de acusados: De los 365 imputados iniciales entre contribuyentes y profesionales, la gran mayoría acordó juicios abreviados o saldó sus deudas tributarias. Actualmente, solo 14 imputados avanzan hacia la instancia de juicio oral y público.
Las sombras del pacto de silencio
A pesar del éxito en la recuperación de los fondos públicos, el análisis del caso deja un amargo sabor respecto a la cadena de mandos superiores. Durante las confrontaciones e interrogatorios, piezas clave de la maniobra —como una empleada del área de despacho— admitieron su responsabilidad pero se negaron sistemáticamente a revelar la identidad de sus superiores jerárquicos o ideólogos políticos.
El caso ATER no solo expuso la vulnerabilidad de las plataformas burocráticas del Estado, sino también la existencia de una corrupción transversal a los signos políticos que requirió de una decisión institucional firme para ser desarticulada.
