Concejales de Juntos por Entre Ríos presentaron un duro pedido de explicaciones al intendente Ariel Stuker. Un vecino pagó una deuda de $112.000, pero terminó desembolsando $475.000 por los gastos del abogado de la comuna, quien además firmó como miembro de la Secretaría Legal y Técnica. Hubo embargos sorpresa.
La Criolla vuelve a estar en el centro de la polémica administrativa. El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos elevó un pedido de informes fulminante dirigido al presidente municipal, Ariel Stuker, tras detectar lo que consideran una «marcada desproporción económica» en un juicio de apremio fiscal llevado adelante por la propia municipalidad contra un contribuyente.
Los números que encendieron las alarmas en el Concejo Deliberante hablan por sí solos: mientras que la deuda tributaria original que el vecino mantenía con el Estado local era de $112.630,15, los honorarios que se llevó el abogado interviniente treparon a los $475.000. Es decir, el pago al profesional multiplicó por cuatro el valor de la tasa adeudada.
Embargos sorpresa y falta de comunicación
El caso sumó indignación cuando se conoció el «vía crucis» que vivieron los afectados. Al enterarse de la demanda judicial, uno de los cotitulares del inmueble fue directamente al municipio y firmó un convenio para saldar la deuda por completo.
El problema vino después: a los pocos días, el otro cotitular de la propiedad se encontró con la drástica sorpresa de un embargo efectivo en su cuenta bancaria. Según denunciaron los ediles, la Municipalidad nunca le advirtió que la medida cautelar también pesaba sobre él, ni le notificaron que levantar el bloqueo financiero de su banco no iba a ser un trámite automático ni inmediato tras haber pagado.
El abogado, ¿funcionario o privado?
El punto que promete generar mayor fricción política es el rol institucional del abogado que se quedó con la millonaria tajada de honorarios. Los concejales descubrieron que el letrado firmó el expediente judicial utilizando un sello oficial que lo identifica como parte de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio.
Esto abre un fuerte interrogante: si ya cobra un sueldo del Estado para defender los intereses del pueblo, ¿corresponde que reciba semejante suma de manera particular por un apremio municipal?
Amparados en la Ley Provincial N° 10.027, el bloque opositor le exigió a la gestión de Stuker que responda en un plazo perentorio cuatro puntos clave:
¿Cuál es la situación contractual del abogado? Piden saber si es un funcionario designado, personal contratado o un apoderado externo, y exigen ver el contrato o decreto.
¿Recibe doble caja? Que se informe si el profesional ya percibe un sueldo fijo del presupuesto municipal.
La «caja» de los apremios: Solicitaron la lista completa de todos los juicios de apremio iniciados por el municipio entre 2024, 2025 y lo que va de 2026, detallando qué abogados se quedaron con cada caso.
Falta de empatía con el vecino: Exigen saber si el municipio tiene un protocolo para avisarle a los ciudadanos el estado de sus embargos cuando van a pagar, y qué hicieron puntualmente para destrabar la cuenta del vecino afectado en este expediente.
Desde el bloque de Juntos aclararon de forma tajante que no se están metiendo en el terreno de la Justicia, sino que están auditando el manejo administrativo de la intendencia, el trato hacia los contribuyentes de La Criolla y cómo se reparte el dinero de las cobranzas dentro del palacio municipal.
